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La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible – FCDS Perú presenta un exhaustivo estudio sobre la evolución de la deforestación en la Amazonía peruana durante el periodo 2001–2023. Basado en datos oficiales del Ministerio del Ambiente, este informe analiza las dinámicas territoriales que impulsan la pérdida de bosques, con especial énfasis en los últimos cinco años. El análisis identifica zonas críticas y evidencia la influencia de actividades ilícitas como el tráfico de tierras, los cultivos ilegales y la minería, las cuales, facilitadas muchas veces por la corrupción, representan motores clave de la deforestación.

La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible – FCDS Perú presenta un exhaustivo estudio sobre la evolución de la deforestación en la Amazonía peruana durante el periodo 2001–2023. Basado en datos oficiales del Ministerio del Ambiente, este informe analiza las dinámicas territoriales que impulsan la pérdida de bosques, con especial énfasis en los últimos cinco años. El análisis identifica zonas críticas y evidencia la influencia de actividades ilícitas como el tráfico de tierras, los cultivos ilegales y la minería, las cuales, facilitadas muchas veces por la corrupción, representan motores clave de la deforestación.

El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) presenta 10 propuestas para promover un diálogo nacional sobre la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), alertando sobre los riesgos de una desregulación excesiva. El OMI plantea la necesidad de una formalización efectiva que respete los derechos humanos y minimice los impactos socioambientales, y hace un llamado a un debate amplio, informado y con enfoque en el bienestar de la población y del ambiente.

La minería ilegal es un desafío global que afecta especialmente al Perú, donde su impacto se ha intensificado debido a la creciente demanda de minerales y la presencia de grupos organizados. A pesar de los esfuerzos estatales como la implementación de normativas desde 2012 y operativos de control, esta actividad ilícita sigue expandiéndose, destacando la necesidad de un sistema eficiente para medir su alcance. Sin datos claros y regulares, es difícil diseñar políticas efectivas y evaluar su impacto